La aprobación de las redes cerradas recibe una buena acogida por la AEQT

Revista PQ | martes, 18 de diciembre de 2018, 14:11

La Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) considera una buena noticia la aprobación por parte del gobierno de un Real Decreto-Ley que, finalmente, incorpora las redes cerradas a su ordenamiento jurídico interno como parte de un paquete de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector industrial.

En concreto, el Real Decreto-Ley, publicado este sábado en el BOE, modifica la Ley 24/2013, del sector eléctrico, para permitir las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, una reivindicación largamente planteada por la industria química por la importante reducción de costes en materia energética que implicará.

“La AEQT recibe esta novedad, en principio, como positiva, mientras que espera ahora con optimismo ver cómo se desarrolla en el reglamento, que según establece el mismo Real Decreto-Ley, deberá estar en vigor en un máximo de seis meses. Será entonces cuando se podrán hacer las valoraciones definitivas”, asegura la asociación. En cualquier caso, la AEQT se ha puesto a disposición del Ministerio de Industria para poder colaborar y ofrecer su punto de vista y asesoramiento en el proceso de redacción de este reglamento.

Hace casi una década -desde 2009- que las redes de distribución cerradas están previstas en la normativa europea. El gobierno español, sin embargo, no las había transpuesto todavía a su legislación interna, “lo que conlleva un agravio competitivo para las empresas químicas instaladas en Tarragona y el resto de España, que tienen que soportar unos costes energéticos muy superiores a los de competidores directos instalados en otros países de la UE donde sí se ha transpuesto la normativa”, señala la AEQT.

Para la asociación, la medida ahora anunciada por el gobierno, cuando se concrete de manera efectiva en el reglamento que debe desarrollarla, pondrá fin a esta situación de desventaja y falta de competitividad, mientras que permitirá que las empresas de los polígonos químicos españoles puedan “por fin competir en igualdad de condiciones”.

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